Dentro de las medidas adoptadas en dicho acuerdo, que fue perfilándose posteriormente entre los Estados parte, son relevantes, entre otras, e interesantes a tener en cuenta para el tema que nos ocupa:

• La supresión de los controles de personas en las fronteras interiores
• Un conjunto de normas en común, de aplicación a las personas que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la U.E,

La firma y ratificación por los diferentes Estados que se han ido adhiriendo al mismo, ha provocado la publicación y desarrollo de diversa normativa en cuanto la armonización entre los Estados parte, con relación a la estancia y movimiento de personas comunitarias dentro dela Unión Europea.

Ya en el año 1971, se firmó el Reglamento (CEE) del Consejo, de 14 de junio de 1971, que venía a regular la aplicación de los regímenes dela Seguridad Social, tanto de los trabajadores por cuenta ajena, como de los trabajadores por cuenta propia.

En su artículo 2: “Campo de aplicación personal”, el citado Reglamento indica, que será de aplicación para aquellos trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia y a los estudiantes, que estén o hayan estado sujetos a la legislación de uno o de varios Estados miembros y que sean además, nacionales de uno de dichos Estados miembros.

Con posterioridad, ya en el año 2004, se aprueba el Reglamento 883/2004: dicho Reglamento se ha adoptado con el fin de simplificar y aclarar la coordinación de los sistemas de Seguridad Social de los Estados miembros, facilitando la libre circulación de ciudadanos europeos por el territorio comunitario, reforzando las obligaciones de cooperación entre las Administraciones en materia de Seguridad Social y hace obligatorio el intercambio electrónico de datos entre dichas Administraciones.

Mediante la publicación y entrada en vigor de dicho Reglamento desde el 1 de mayo de 2010, se deroga en Reglamento 1408/1971.  Este Reglamento es un mecanismo necesario para flexibilizar la libre circulación de personas, evitando que existan diferencias en la legislación aplicable por disponer de distinta nacionalidad, para súbditos europeos en su movilidad dentro dela Unión Europea.

Las características generales de dicho reglamento son:

• Un trabajador está sujeto a una sola legislación de la Seguridad Social.
• Se aplica el principio de territorialidad, salvo en los desplazamientos, que quedan regulados en el artículo 12:  

- Se exige al trabajador un mes de cotización dentro de los últimos 3 meses anteriores al desplazamiento.

- Se mantiene la vinculación orgánica.

- Mantenimiento de la actividad de la empresa en territorio nacional.

- Pago de salario en España.

- La duración de dicho desplazamiento ha de ser de un máximo de 24 meses, pudiendo ser prorrogado por acuerdo entre los Estados.

En el mismo artículo 12, en cuanto a la regulación del trabajo por cuenta propia, la persona que la ejerza normalmente en un Estado miembro y que vaya a realzar una actividad similar en otro Estado miembro, seguirá sujeta a la legislación del primer Estado miembro, condicionada dicha sujeción a que la duración previsible no exceda de 24 meses.

Las personas que ejerzan normalmente una actividad por cuenta propia en dos o más Estados miembros, estarán sujetas:

a) a la legislación del Estado miembro de residencia, si ejerce una parte sustancial de sus actividades en dicho Estado miembro, o

b) a la legislación del Estado miembro en el que se encuentre el centro de interés de sus actividades, si no reside en uno de los Estados miembros en los que ejerce una parte sustancial de su actividad.

La persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta ajena y una actividad por cuenta propia en diferentes Estados miembros, estará sujeta a la legislación del Estado miembro en el que ejerza una actividad por cuenta ajena o, si ejerce dicha actividad en dos o más Estados miembros, a la legislación determinada según si ejerce parte sustancial de su actividad en el Estado miembro de residencia ó a la legislación del Estado miembro en el que la empresa o el empresario que le ocupa principalmente tenga su sede o su domicilio, siempre teniendo en cuenta que el trabajador no ejerza una parte sustancial de sus actividades en el Estado miembro de Residencia que prevalecerá.

De todo lo anteriormente expuesto podemos comprobar que el encuadramiento de los trabajadores dentro dela Unión Europea, tanto sean trabajadores por cuenta ajena como propia no es un tema baladí.

Hay que estudiar detenidamente en cada caso la legislación aplicable, teniendo en cuenta siempre, que deberemos aplicar el Reglamento Comunitario 883/2004, que nos aclarará en cada situación la competencia que corresponde.

Muchas son las cuestiones que se suscitan y las dudas que se plantean en el momento de encuadrar a los Administradores de Entidades Mercantiles  que ejercen su actividad como tal en diferentes Estados dentro dela Unión Europea, pues si bien en cuanto a la legislación aplicable en cada caso, nos remitiremos al Reglamento anteriormente comentado, deberemos acudir también, en cada caso y en cada país, a la legislación interna que puede diferir entre países, según las obligaciones y peculiaridades recogidas en el derecho interno de cada País del otro Estado miembro.

Recordemos lo que regula la disposición adicional vigesimaséptima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto legislativo 1/1994 de 20 de junio en cuanto al encuadramiento de los Administradores:

“Estarán obligatoriamente incluidos en el R.E.T.A., quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo, directo o indirecto de aquélla……”

Pero en cada caso y país deberemos analizar su normativa interna en cuanto a Seguridad Social se refiere, conociendo las normas que proceda aplicar en cuanto al encuadramiento del trabajador por Cuenta propia en su país de su residencia, ya que deberemos acreditar documentalmente su afiliación y alta en el régimen pertinente antela Tesorería Generaldela Seguridad Social en evitación de duplicidades en cotización en ambos Estados miembros.

Al propio tiempo que tenemos en cuenta el Reglamento Comunitario 883/2004, en cuanto a encuadramiento de los trabajadores en aquellos países donde prestan sus servicios o desarrollan su actividad, el Real Decreto 84/1996 de 26 de enero,  por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, exige la acreditación de la capacidad de obrar del empresario y la determinación de su representante.

A raíz de ello debemos distinguir entre:

• Empresa extranjera que se constituye en España.
• Establecimiento de sucursales de empresas extranjeras
• Empresas extranjeras que, sin establecer sucursales, ejercen comercio en España.

En el primer supuesto, sin perjuicio de la aplicación de la normativa en materia de inversiones en España regulada en el R.D. 664/1999, está sujeta en general a la legislación española, teniendo por tanto capacidad de obrar en las mismas condiciones que las empresas españolas.

En este caso acreditaríamos la capacidad de obrar con la inscripción de las Sociedades mercantiles en el Registro Mercantil, de la misma forma que lo hacen aquellas españolas que se constituyen en territorio nacional.

En cuanto a las sucursales y de acuerdo con lo regulado en el artículo 295 del R.R. MTIL., se entiende por sucursal todo establecimiento secundario dotado e representación  permanente y de cierta autonomía de gestión, a través del cual se desarrollan total o parcialmente, las actividades de la sociedad, debiéndose según el art. 81 del citado Reglamento, inscribirse en el Registro Mercantil, sin distinguir si lo son de ámbito comunitario o extracomunitario.

Es por ello que en este caso también se les requerirá para acreditar la capacidad de obrar la misma documentación que a una empresa española, o sea, escritura pública debidamente inscrita en el R. Mercantil e identificación de los Administradores o representantes.

En el último supuesto, de Empresas extranjeras que, sin establecer sucursales, ejercen el comercio en España, la legislación española de Seguridad Social no recoge de manera expresa, los requisitos necesarios para acreditar la capacidad de obrar de este tipo de empresa extranjera en territorio nacional.

Por ello debemos recurrir al respecto al art. 72 del Texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, teniendo en cuenta que:

            “la capacidad de obrar de los empresario que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscrito, en su caso, en el Registro público correspondiente, según el tipo de personalidad jurídica de que se trate”

En este caso la capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de otro Estado miembro dela Unión Europease deberá acreditar mediante su inscripción en el Registro correspondiente del Estado donde esté radicada  o mediante la presentación de una declaración jurada o certificación en los términos que queden establecidos reglamentariamente de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

El Real Decreto-Ley 3/2012 ha operado cambios muy relevantes en la regulación de distintos aspectos de las relaciones laborales: introducción de un nuevo contrato indefinido para el apoyo de los emprendedores, supresión de las categorías profesionales, alteraciones en la regulación de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, variaciones en los procedimientos de suspensiones y extinciones colectivas, cambios que afectan a los despidos objetivos, establecimiento de un nuevo marco jurídico en la negociación colectiva, entre otros aspectos. Pero sin duda,  han sido dos las innovaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 3/2012 las que se han llevado más protagonismo mediático y simultáneamente más críticas por su incidencia directa sobre el coste de los despidos, en primer lugar la generalización para todos los despidos improcedentes de una indemnización de 33 días por año con un tope de 24 mensualidades, y en segundo lugar la supresión del devengo y consiguiente abono de los salarios de tramitación en los supuestos de despidos declarados improcedentes cuando no se opte por la readmisión del trabajador por parte del empresario.

La polémica que ha afectado tanto a la rebaja del importe de las indemnizaciones por despido declarado improcedente como a la supresión generalizada de los salarios de tramitación se ha visto acrecentada por el distinto tratamiento legislativo operado en las disposiciones transitorias en relación a cada uno de estos cambios normativos, circunstancia que no sólo objetiva una deficiente técnica legislativa sino que incide sobre la seguridad jurídica en relación a los despidos que han tenido lugar con carácter previo a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2012 en fecha 12 de febrero de 2012. Así mientras que tanto la exposición de motivos como la Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto-Ley 3/2012 expresamente regulan que la indemnización por despido reducida será de aplicación a todos los contratos de trabajo suscritos a partir de la entrada en vigor de la nueva norma y que la indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva norma se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario por año de servicios por el tiempo de prestación de servicios posterior, en cambio en relación a la supresión de los salarios de tramitación no se recoge expresamente ninguna norma transitoria específica debiéndose estar por lo tanto únicamente a lo que indica de forma general la Disposición Final Decimosexta del Real Decreto-Ley 3/2012, en que se recoge que la norma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sin más concreción.

Por lo tanto, el vacío normativo que el Real Decreto-Ley 3/2012 ha dejado en relación al tratamiento que debe darse al devengo de los salarios de tramitación cuando el despido ha tenido lugar antes de la entrada en vigor de la norma ha provocado que deban ser los órganos jurisdiccionales del orden social los que tengan que resolver dicha laguna normativa, provocando un efecto no deseado por la norma como es la intervención judicial en la interpretación del texto de la Reforma Laboral y además la existencia de pronunciamientos discrepantes sobre una misma materia al haberse dictado sentencias en sentidos opuestos.

Así, la Sentencia dictada por el Juzgado Social nº2 de León en fecha 12 de febrero de 2012 ha considerado que debe llevarse a cabo una aplicación inmediata y literal de lo dispuesto en la reforma laboral en relación a los salarios de tramitación en caso de despido improcedente cuando el empresario no opte por la readmisión, resolviendo que no hay lugar por lo tanto al abono de importe alguno al trabajador en concepto de salarios de tramitación aunque el despido se haya producido con carácter previo a la entrada en vigor de la nueva norma laboral, justificándose esta interpretación sobre distintos razonamientos: en primer lugar por la aplicación directa e inmediata de la nueva redacción de artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores por no contener el Real Decreto-Ley 3/2012 ninguna disposición transitoria expresa en relación al devengo de los salarios de tramitación; por establecer la Disposición Final Decimosexta su entrada en vigor el día 12 de febrero de 2012; en aplicación de la interpretación finalista de la norma recogida en la Exposición de Motivos que expresamente indica que pretende reducir el coste del despido y en particular de los salarios de tramitación habida cuenta de la gravedad de la actual crisis económica; y por último por considerar que no se trata de la aplicación retroactiva de una norma menos favorable ya que simplemente se aplica la norma vigente en el momento de la calificación de despido siendo dicho momento el de dictar sentencia y no el de la notificación de la extinción.

En sentido contrario se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Sentencia de 21 de febrero de 2012 que considera que corresponde el devengo y consiguiente abono de los salarios de tramitación al trabajador despedido con carácter previo a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2012 cuando el despido sea declarado improcedente aunque no se produzca la readmisión, esto es, aplicando la redacción del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores previa a la entrada en vigor de la nueva norma, justificándose esta interpretación sobre los siguientes argumentos jurídicos: porque al no contener el Real Decreto-Ley 3/2012 ninguna regulación específica debe aplicarse el principio de irretroactividad de las normas jurídicas que prevé el artículo 2.3 del Código Civil, así como por el hecho de encajar dicha interpretación con el principio de irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables y de las restrictivas de derechos individuales que recoge el artículo 9.3 de la CE.

En conclusión, una norma como el Real Decreto-Ley 3/2012 que en su Exposición de Motivos se ha mostrado extremadamente dura con los órganos jurisdiccionales utilizando expresiones como que: “los tribunales realizasen, en numerosas ocasiones, juicios de oportunidad relativos a la gestión de la empresa”, ha dejado abierto y sin resolver el devengo de salarios de tramitación cuando el despido ha tenido lugar antes del día 12 de febrero de 2012 y finalmente es declarado improcedente, obligando a los tan criticados órganos jurisdiccionales sociales a tomar partido y resolver dicho vacío normativo, con el agravante del hecho que se han producido pronunciamientos distintos para resolver el mismo conflicto con los efectos que este hecho tiene actualmente para la seguridad jurídica.

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Actualidad Jurídica Aranzadi – Núm. 842

La liquidación de sociedades mercantiles es una operación que puede acarrear importantes consecuencias fiscales tanto para la sociedad que se liquida como para los socios de la misma ya sean personas físicas o jurídicas. Analizamos, a continuación, las implicaciones fiscales para todas las partes intervinientes en la liquidación de una empresa.

La disolución y liquidación de las sociedades de capital se regula en el título X del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (BOE de 3 de julio).

La disolución es el acto jurídico que abre el proceso de liquidación de una sociedad, dando lugar a la extinción de ésta como contrato y como persona jurídica.

Existen dos modalidades de disolución:

-    Disolución, liquidación y extinción: en el momento de disolución de la sociedad, cuando no existen deudas con terceros.

-    Disolución y apertura del periodo de liquidación: cuando existen deudas con terceros.

Se disuelve la sociedad, comenzando el periodo de liquidación y cesando automáticamente los administradores, asumiendo los liquidadores todas sus funciones.

No obstante, de dicha realidad mercantil se derivan una serie de implicaciones fiscales (tanto para la sociedad que se disuelve, como para los socios a quienes se transmita la cuota de liquidación) que es preciso tener en cuenta al objeto de planificar, con las mejores garantías posibles, los efectos tributarios derivados de la liquidación de una empresa.

1)     Esquema de tributación

1.1    Tributación de la sociedad liquidada

a)    Impuesto de sociedades

El artículo 15.2 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece en materia de reglas de valoración que en los supuestos de transmisiones lucrativas y societarias se valorarán por su valor normal de mercado los siguientes elementos patrimoniales: c. Los transmitidos a los socios por causa de disolución, separación de éstos, reducción de capital con devolución de aportación, reparto de la prima de emisión y distribución de beneficios.”

Es decir, dicho precepto establece la necesidad de una actualización, a valor normal de mercado, del valor de aquellos bienes integrados en la sociedad y que, en virtud de un proceso de disolución y liquidación, se transmitirán a los socios.

Por tanto, podemos encontrarnos que dicha actualización al valor de mercado suponga un mayor valor de los bienes integrados en la empresa y manifestarse, en consecuencia, una diferencia entre el valor contable del bien a la fecha de liquidación y el valor de mercado de éste en la fecha de la liquidación.

Dicha diferencia deberá integrarse en la cuenta de explotación de la sociedad, generando el correspondiente aumento del beneficio (o pérdida en su caso) de la misma y aumentando o disminuyendo la tributación de la sociedad en el ejercicio fiscal en que se lleva a cabo la actualización a valor de mercado.

b)      Impuesto sobre el Valor Añadido

Establece el artículo 8.2 de la Ley de IVA que se considerarán entregas de bienes “las aportaciones no dinerarias efectuadas por los sujetos pasivos del Impuesto de elementos de su patrimonio empresarial o profesional a sociedades o comunidades de bienes o a cualquier otro tipo de entidades y las adjudicaciones de esta naturaleza en caso de liquidación o disolución total o parcial de aquéllas, sin perjuicio de la tributación que proceda con arreglo a las normas reguladoras de los conceptos “actos jurídicos documentados” y “operaciones societarias” del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”.

En consecuencia, y asumiendo la calificación que como entrega de bienes hace el mencionado precepto, la entrega de bienes como consecuencia de un proceso de disolución y liquidación de la sociedades quedará sujeta al impuesto, excepción hecha d lo dispuesto por el articulo 20 en materia de exenciones en el IVA. Dicho tributo se repercutirá al socio que adquiera la cuota de liquidación respectiva por parte de la sociedad disuelta en liquidación.

c)      Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Al ser el socio de la entidad liquidada el sujeto pasivo por este impuesto como consecuencia de la disolución y liquidación de la sociedad, nos remitimos a los comentarios relativos al socio persona física.

1.2    Tributación de los socios de la sociedad liquidada

A. Tributación socio persona física

-   Tributación por IVA

En caso que la sociedad deba repercutir la correspondiente cuota de IVA, habrá que considerar la posible deducción (y en consecuencia la el carácter definitivo del coste que dicho IVA tendría) por parte del adquirente. A este supuesto específico le resultarían de aplicación los principios generales sobre limitaciones y restricciones al derecho a deducir las cuotas soportadas de IVA.

-   Tributación por Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Tal y como establece la Dirección General de Tributos en consulta vinculante de 29 de abril de 2011, siempre que las adjudicaciones a los socios guarden la debida proporción con sus cuotas de participación social, en la disolución de una sociedad con adjudicación a los socios de los bienes y las deudas que recaen sobre ellos, solamente se da una convención, disolución de la sociedad y la base imponible del ITPAJD será el valor de los bienes que se adjudiquen, sin deducir los gastos y deudas que recaen sobre los mismos.”

En consecuencia, la disolución de la sociedad y adjudicación de bienes tributará únicamente como una única convención, y no como dos.

-   Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

El Texto Refundido de la LIRPF considera que deben concurrir tres requisitos para que pueda entenderse que se ha producido una ganancia patrimonial; que se produzca una variación en el valor del patrimonio, que exista una alteración en la composición de dicho patrimonio y que la renta obtenida no esté sujeta al impuesto por otro concepto.

En consecuencia, como regla general, el importe de la ganancia o pérdida patrimonial en los supuestos de enajenación onerosa, se determina por la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de los elementos patrimoniales. Dicha diferencia se integraría en su base imponible, del socio persona física, aplicándole el tipo de gravamen que le corresponda al respecto.

-   Impuesto sobre el Patrimonio

Tributará en el Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2011 el patrimonio integrante de la cuota de liquidación, siempre y cuando éste tenga un valor superior a 700.000,00€, teniendo en cuenta las exenciones aplicables y las reglas específicas de valoración.

-   Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

Para el supuesto de que la cuota de liquidación se encuentre compuesta de bienes inmuebles, habrá que considerar el devengo de este tributo, tomando como base la diferencia de valores catastrales puesta de manifiesto durante todo el período de tenencia del inmueble.

B. Tributación socio persona jurídica

-   Tributación por IVA

Nos remitimos a los comentarios efectuados para el socio persona física.

a)   Tributación por Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Análogo a lo dispuesto para el socio persona física.

b)   Impuesto de Sociedades

El socio persona jurídica integrará en su balance los bienes o derechos que integren la cuota de liquidación de la sociedad disuelta.

c)   Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Análogo a lo dispuesto para el socio persona física.

Conclusiones

Numerosas son las implicaciones fiscales a considerar en el caso de liquidar una empresa no sólo para el socio de la entidad, ya sea persona física o jurídica sino también para la propia sociedad disuelta. Por ello, resulta especialmente relevante la adecuada planificación de la operación. Asimismo, podría considerarse implicaciones adicionales como la condonación de créditos del socio contra la sociedad.

Normativa

- Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

- Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

- Ley 30/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El Capítulo II del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral expresamente ha sido dedicado a la racionalización del sistema de bonificaciones para la contratación indefinida. De modo que las bonificaciones previstas en este Real Decreto Ley se dirigen exclusivamente a las empresas que tengan menos de cincuenta trabajadores, bien por la contratación indefinida, a través de la nueva modalidad contractual de Apoyo a los Emprendedores, de jóvenes de entre 16 y 30 años o parados de larga duración inscritos como demandantes de empleo al menos doce meses en los dieciocho anteriores a la contratación, o bien por la transformación de contratos en prácticas, de relevo o de sustitución de la edad por jubilación en contratos indefinidos.

1.     Contrato de Trabajo Indefinido de Apoyo a los Emprendedores.

Uno de los aspectos más innovadores que ha introducido el citado Capítulo II del Real Decreto Ley 3/2012 es la creación de una nueva modalidad de contrato de trabajo por tiempo indefinido de la que sólo podrán hacer uso las empresas que tengan menos de cincuenta trabajadores que, pese a la situación de crisis económica, apuesten por la creación de empleo, es el llamado Contrato Indefinido de Apoyo a los Emprendedores. A los efectos de formalizar este nuevo contrato, se tendrá en cuenta el número de trabajadores de la empresa en el momento de producirse la contratación.

El Contrato de Trabajo Indefinido de Apoyo a los Emprendedores se celebrará por tiempo indefinido y a jornada completa, y se formalizará por escrito en el modelo que se establezca. El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él se deriven se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores con la única excepción de la duración del período de prueba a que se refiere el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, que será de un año en todo caso.

La empresa que se acoja a esta modalidad contractual tendrá derecho a aplicar los siguientes Incentivos Fiscales:

a) En el supuesto de que el primer contrato de trabajo concertado por la empresa se realice con un menor de 30 años, la empresa tendrá derecho a una deducción fiscal de tres mil euros.

b) Adicionalmente, en caso de contratar desempleados beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo regulada en el Título III del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, la empresa tendrá derecho a una deducción fiscal con un importe equivalente al 50 por ciento de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de la contratación, con el límite de doce mensualidades, y de acuerdo con las siguientes reglas:

1º) El trabajador contratado deberá haber percibido la prestación durante, al menos, tres meses en el momento de la contratación.

2 º) El importe de la deducción a que tiene derecho la empresa quedará fijado en la fecha de inicio de la relación laboral y no se modificará por las circunstancias que se produzcan con posterioridad.

3.º) La empresa requerirá al trabajador un certificado del Servicio Público de Empleo Estatal sobre el importe de la prestación pendiente de percibir en la fecha prevista de inicio de la relación laboral.

El trabajador contratado podrá voluntariamente compatibilizar cada mes, junto con el salario, el 25 por ciento de la cuantía de la prestación que tuviera reconocida y pendiente de percibir en el momento de su contratación.

En todo caso, cuando el trabajador no compatibilice la prestación con el salario en los términos del párrafo anterior, se mantendrá el derecho del trabajador a las prestaciones por desempleo que le restasen por percibir en el momento de la colocación, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 212 y 213 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Con independencia de los incentivos fiscales anteriormente citados y de forma compatible por lo tanto con éstos, las contrataciones a través del Contrato de Trabajo Indefinido de Apoyo a los Emprendedores de desempleados inscritos en la Oficina de empleo darán derecho a las siguientes Bonificaciones, siempre que se refieran a alguno de estos colectivos:

a) Jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive, la empresa tendrá derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social durante tres años, cuya cuantía será de 83,33 euros/mes (1.000 euros/año) en el primer año; de 91,67 euros/mes (1.100 euros/año) en el segundo año, y de 100 euros/mes (1.200 euros/año) en el tercer año.

Cuando estos contratos se concierten con mujeres en sectores en los que este colectivo esté menos representado las cuantías anteriores se incrementarán en 8,33 euros/mes (100 euros/año).

b) Mayores de 45 años, que hayan estado inscritos en la Oficina de Empleo al menos doce meses en los dieciocho meses anteriores a la contratación, la empresa tendrá derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social, cuya cuantía será de 108,33 euros/mes (1.300 euros/año) durante tres años.

Cuando estos contratos se concierten con mujeres en sectores en los que este colectivo esté menos representado, las bonificaciones indicadas serán de 125 euros/mes (1.500 euros/año).

Estas bonificaciones serán compatibles con otras ayudas públicas previstas con la misma finalidad, sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social.

Para la aplicación de los incentivos anteriormente referidos, el empresario deberá mantener en el empleo al trabajador contratado al menos tres años desde la fecha de inicio de la relación laboral, procediendo en caso de incumplimiento de esta obligación a su reintegro. No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado o reconocido como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador.

No podrá concertar el Contrato de Trabajo Indefinido de Apoyo a los Emprendedores la empresa que, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, hubiera realizado extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas declaradas improcedentes por sentencia judicial o hubiera procedido a un despido colectivo. En ambos supuestos, la limitación afectará únicamente a las extinciones y despidos producidos con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2012, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción o despido y para el mismo centro o centros de trabajo.

En todo caso serán de aplicación al presente Contrato de Trabajo Indefinido de Apoyo a los Emprendedores y especialmente a las bonificaciones derivadas de dicha modalidad contractual las previsiones contenidas en la sección 1.ª del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en el artículo 6.2 en materia de exclusiones.

2.     Bonificaciones de cuotas por transformación de contratos en prácticas, de relevo y de sustitución en indefinidos.

Las empresas que transformen en indefinidos contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 41,67 euros/mes (500 euros/año), durante tres años. En el caso de mujeres, dichas bonificaciones serán de 58,33 euros/mes (700 euros/año).

Podrán ser beneficiarios de las bonificaciones anteriormente indicadas las empresas que tengan menos de cincuenta trabajadores en el momento de producirse la contratación, incluidos los trabajadores autónomos, y sociedades laborales o cooperativas a las que se incorporen trabajadores como socios trabajadores o de trabajo, siempre que estas últimas hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena.

Los trabajadores contratados al amparo de dichas transformaciones a indefinidos serán objetivo prioritario en los planes de formación para personas ocupadas dentro de los programas de formación profesional para el empleo, así como de cualquier otra medida de política activa de empleo, al objeto de incrementar su cualificación profesional.

3.     Reducciones de cuotas en los contratos para la formación y el aprendizaje

Las empresas que, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2012 celebren contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo con anterioridad al 1 de enero de 2012, tendrán derecho, durante toda la vigencia del contrato, incluida la prórroga, a una reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como las correspondientes a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional, correspondientes a dichos contratos, del 100 por cien si el contrato se realiza por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas, o del 75 por ciento, en el supuesto de que la empresa contratante tenga una plantilla igual o superior a esa cifra.

Asimismo, en los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados o prorrogados según lo dispuesto en el párrafo anterior, se reducirá el 100 por cien de las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato, incluida la prórroga.

Las empresas que transformen en contratos indefinidos los contratos para la formación y el aprendizaje, cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho a una reducción en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 1.500 euros/año, durante tres años. En el caso de mujeres, dicha reducción será de 1.800 euros/año.

4.     Medidas de apoyo a la suspensión de contratos y a la reducción de jornada.

El Capitulo III del Real Decreto Ley 3/2012 expresamente establece que las empresas tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, devengadas por los trabajadores en situaciones de suspensión de contrato o reducción temporal de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o fuerza mayor, incluidas las suspensiones de contratos colectivas tramitadas de conformidad con la legislación concursal. La duración de la bonificación será coincidente con la situación de desempleo del trabajador, sin que en ningún caso pueda superar los 240 días por trabajador.

Para la obtención de la bonificación indicada será requisito necesario que el empresario se comprometa a mantener en el empleo a los trabajadores afectados durante al menos un año con posterioridad a la finalización de la suspensión o reducción. En caso de incumplimiento de esta obligación, deberá reintegrar las bonificaciones aplicadas respecto de dichos trabajadores, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

No se considerará incumplida esta obligación cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador.

Las empresas que hayan extinguido o extingan por despido reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo contratos a los que se haya aplicado la bonificación establecida en este artículo quedarán excluidas por un periodo de doce meses de la aplicación de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. La citada exclusión afectará a un número de contratos igual al de las extinciones producidas. El periodo de exclusión se contará a partir del reconocimiento o de la declaración de improcedencia del despido o de la extinción derivada del despido colectivo.

Las bonificaciones a las que aquí nos referimos serán compatibles con otras ayudas públicas previstas con la misma finalidad, incluidas las reguladas en el Programa de fomento de empleo, sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social.

La bonificación prevista en este apartado será aplicable a las solicitudes de regulación de empleo presentadas desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013.

Con este artículo queremos informarle de la reciente publicación por la Agencia Tributaria de una nota relativa a las consideraciones sobre el tratamiento fiscal de los socios de las entidades mercantiles como consecuencia del revuelo suscitado por la campaña de inspecciones llevadas a cabo en Málaga en la que pretendía sujetar a IVA el sueldo declarado por socios administradores de las sociedades mercantiles al entender que se trataba de actividades económicas y no de rendimientos del trabajo.

Con la publicación de esta nota la Agencia Tributaria ha intentado aclarar las pautas que, a su entender, rigen las relaciones entre socio y sociedad y, por ende, determinan las repercusiones fiscales de éstas limitando sus consideraciones al ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Los supuestos contemplados son los siguientes:

Socios que son miembros del órgano de administración de la SA o SRL

La condición de socio no afecta a la calificación de los rendimientos que éste obtenga por las funciones desempeñadas como miembro del órgano de administración de la sociedad; las retribuciones obtenidas tienen la condición de rendimiento del trabajo con independencia de su naturaleza mercantil.

Es decir, la totalidad de las retribuciones percibidas por el ejercicio de las funciones propias del cargo de administrador; con independencia de que es hubiera formalizado adicionalmente a dicho cargo un contrato laboral de alta dirección, deben entenderse comprendidas, a efectos del IRPF, en los rendimientos del trabajo.

Socios que prestan servicios a una SA o SRL distintos de los propios de los miembros del órgano de administración de la sociedad

La posible concurrencia de la doble condición de administrador y socio de la entidad no afecta a la calificación de los rendimientos derivados de la prestación de servicios a la entidad al margen de su condición de administrador.

Para la calificación de tales servicios, la Agencia Tributaria entiende que no existen reglas especiales en la normativa del IRPF por lo que deberá acudirse al concepto general de rendimiento del trabajo y de actividades económicas contenidos en dicha norma.

Se consideran rendimientos del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven directa o indirectamente del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y que no tengan el carácter de actividad económica.

Por su parte, la calificación como rendimientos de actividades económicas exige la concurrencia de dos requisitos:

a) Ordenación por cuenta propia.

Resulta irrelevante la calificación de los contratos efectuados entre las partes, debiendo analizarse la configuración efectiva de las obligaciones asumidas en el acuerdo contractual y de las prestaciones que constituyen su objeto. Así, cuando concurren, junto a las notas genéricas de trabajo y retribución, las notas específicas de la ajenidad del trabajo y de dependencia en el régimen de ejecución del mismo, nos encontramos ante un contrato de trabajo, sometido a la legislación laboral.

Los indicios más habituales de la doctrina jurisprudencial son la asistencia al centro de trabajo del empleador y el sometimiento a horario. En consecuencia, en presencia de notas de dependencia y ajenidad no puede entenderse que se esté llevando a cabo una ordenación por cuenta propia de medios de producción, por lo que no estaríamos ante un rendimiento de actividades económicas.

Al respecto, la Dirección General de Tributos considera la condición de socio como un indicio significativo de la inexistencia de las notas de dependencia y ajenidad. A partir de un 50 por ciento de participación en el capital social de la entidad no podrá entenderse que se dan las citadas notas de dependencia o ajenidad, por lo que en este caso sí debe considerarse que existe tal ordenación por cuenta propia.

b) Existencia de medios de producción en sede del socio.

En el caso particular de los servicios profesionales el principal medio de producción reside en el propio socio; esto es, en la propia capacitación profesional de la persona física que presta los servicios de manera que los medios materiales necesarios para el desempeño de sus servicios proporcionados por la entidad son de escasa relevancia frente al factor humano.

Resulta esencial analizar en cada caso concreto la presencia o ausencia de las notas de dependencia y ajenidad y la existencia o no de medios de producción en sede del socio, de manera que, existiendo tales medios, sólo en ausencia de tales notas cabrá entender que los socios de la entidad ejercen su actividad ordenando los factores productivos por cuenta propia y, por tanto, desarrollan una actividad económica.

Por el contrario, la calificación de los mismos será de rendimiento del trabajo cuando existan las citadas notas de dependencia y ajenidad o cuando se carezca de los citados medios de producción.

Finaliza la nota diciendo que la existencia de tales notas y medios de producción es una cuestión de hecho cuya valoración corresponde a los órganos de gestión e inspección de la Agencia Tributaria pudiendo ser acreditada por el contribuyente a través de los medios de prueba establecidos en Derecho.

Desde BCN concluímos que…

1. Los socios miembros del órgano de administración de una SA o SRL: la totalidad de las retribuciones percibidas por el ejercicio de las funciones propias del cargo de administrador; con independencia de que es hubiera formalizado adicionalmente a dicho cargo un contrato laboral de alta dirección, deben entenderse comprendidas, a efectos del IRPF, en los rendimientos del trabajo

2. Los socios que prestan servicios a una SA o SRL distintos de los propios de los miembros del órgano de administración de la sociedad: Para la calificación de tales servicios deberá acudirse al concepto general de rendimiento del trabajo y de actividades económicas contenidos en la normativa del IRPF.

3. Para que un rendimiento sea calificado como de actividades económicas deben concurrir dos requisitos:

     a) Ordenación por cuenta propia.

     b) Existencia de medios de producción en sede del socio, por lo que habrá que analizar estos requisitos para discernir si nos encontramos ante un rendimiento del trabajo o de actividades económicas.

Normativa Aplicada

Nota informativa nº 1/12 del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria.

Según la OCDE desde 2009 ya no existen paraísos fiscales no cooperantes, según España y su listado tradicional la cifra asciende a cuarenta y ocho. Paralelamente en los últimos se han suscrito más Convenios para evitar la doble imposición que nunca; ¿Cuál es el panorama actual de los paraísos fiscales?

Los paraísos fiscales según la OCDE y según España

De acuerdo con el criterio definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuatro son los factores utilizados por este organismo para determinar si una jurisdicción puede ser considerada como paraíso fiscal. El primero de ellos es la no imposición por parte de la jurisdicción de impuestos o la imposición meramente nominal de éstos.

No obstante, este criterio, per se, no determina la calificación como paraíso fiscal de un determinado territorio. Adicionalmente, se requiere la concurrencia de una serie de factores tales como: la ausencia de transparencia, la existencia de leyes o prácticas administrativas que prevengan el efectivo intercambio de información de tipo fiscal a otras administraciones de aquellos contribuyentes que se benefician de la nula tributación o de la tributación nominal y la ausencia de requisitos relativos a la substancia, ya sea de la actividad desarrollada en esa jurisdicción como de los restantes elementos que la configuran.

De acuerdo con estas consideraciones previas, la OCDE identificó en el año 2000 aquellas jurisdicciones que, de acuerdo con los criterios que acabamos de identificar, denominó “Unco-operative Tax Heavens” (paraísos fiscales no cooperantes).

En el período comprendido entre 2000 y el mes de abril de 2002, nada menos que treinta y una jurisdicciones implementaron medidas concretas tendentes a la implementación de los estándares de la OCDE en materia de transparencia e intercambio de información. Por el contrario, siete fueron las jurisdicciones que no llevaron acabo medida alguna; esto es, Andorra, el Principado de Lichtenstein, Liberia, el Principado de Mónaco, La República de las Islas Marshall, la República de Nauru y la República de Vanuatu.

Progresivamente y a lo largo de los años las distintas jurisdicciones han ido implementando las directrices de la OCDE en materia de transparencia e intercambio de información y consecuentemente han sido excluidos de la lista de paraísos fiscales no cooperantes.

Finalmente, en mayo de 2009 y tras la adopción por parte de Andorra, del Principado de Lichtenstein y del Principado de Mónaco de sus respectivos compromisos para implementar los estándares de transparencia y de efectivo intercambio de información así como el calendario previsto para ello, ninguna jurisdicción es considerada en la actualidad como paraíso fiscal no coperante por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE.

Contrasta cuanto hasta el momento hemos comentado con la situación de España y los paraísos fiscales. Conocida es por todos, la lista “negra” de territorios y jurisdicciones que a ojos del legislador merecen ser calificados como paraísos fiscales. Dicha enumeración data del año 1991 y queda regulada a través del Real Decreto 1080/91 de 5 de julio que enumera la friolera de cuarenta y ocho de ellos.

En Europa: Isla de Man, I. de Guernesey y de Jersey, Principado de Andorra, Gibraltar, Gran Ducado de Luxemburgo, Principado de Liechtenstein, Principado de Mónaco, República de San Marino, República de Malta y República de Chipre.

En América: Anguilla, Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Antillas Holandesas, Aruba, República de Dominica, Granada, Jamaica, Montserrat, San Vicente y las granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de EEUU, República de Panamá, Islas Turks y Caicos e Islas Malvinas.

En África: República de Liberia, República de Seychelles e Islas Mauricio.

En Asia: República Libanesa, Reino Hachemí Jordano, Emirato de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Sultanato de Omán, Macao, Hong-Kong, República de Singapur, Sultanato de Brunei e Islas Marianas.

En Oceanía: República de Nauru, Islas Salomón, República de Vanuatu, Islas Fiji e Islas Cook.

No obstante, la lista de paraísos fiscales del Real Decreto 1080/91 no ha sido actualizada a la par que España ampliaba la nómina de convenios para evitar la doble imposición firmados, no sólo con jurisdicciones calificadas como paraísos fiscales sino con territorios de todo El mundo.

En la actualidad España tiene suscritos, firmados o rubricados noventa y cinco convenios para evitar la doble imposición, algunos de ellos de muy reciente publicación tales como los firmados con:

-     Albania (15/03/2011),

-     el nuevo Convenio con Alemania (18/03/2011),

-     Bielorusia (rubricado el 03/06/2011),

-     Costa Rica (publicado el 01/01/2011),

-     Georgia (publicado el 01/06/2011),

-     Región administrativa de Hong Kong (publicado el 10/06/2011),

-     Kazajstán (publicado el 03/06/2011),

-     Pakistán (publicado el 16/05/2011),

-     Panamá (publicado el 04/07/2011),

-     República Dominicana (firmado el 16/11/11),

-     Singapur (publicado el 11/1/2012),

-     el nuevo convenio con Suiza (firmado el 27/7/2011) y

-     Uruguay (publicado el 12/4/2011)

Ello muestra que España se muestra como uno de los países más activos en materia de convenios para evitar la doble imposición y entre las jurisdicciones se hallan algunas de las que figuraban en la lista contenida en el Real Decreto 1080/91 como Barbados, Hong Kong, Jamaica, Malta, República Dominicana, Singapur y Trinidad y Tobago. En consecuencia, España está llamada a eliminar de su “lista negra” una buen número de jurisdicciones; circunstancia que encaja perfectamente en la dinámica que están tomando muchos países calificados como paraísos fiscales quienes fruto de la presión internacional llaman a la puerta de los países más industrializados para llegar a acuerdos en materia de intercambio de información y de doble imposición. La tendencia es que el número de paraísos vaya reduciéndose cada vez más y basta con mirar un poco al pasado reciente para constatar esta circunstancia.

Menos paraísos fiscales, ¿a quién beneficia?

Por razones obvias, a los gobiernos de los países industrializados que ven como sus arcas están cada día más vacías, circunstancia que se agrava por el contexto económico mundial y que no pueden permitirse que sus empresas desvíen beneficios a territorios de baja o nula tributación.

No obstante, no conviene olvidar a las grandes corporaciones con intereses a nivel mundial. A título de ejemplo, el convenio con Panamá probablemente resulte beneficioso para las empresas con intereses en la ampliación del canal. En cuanto a Hong Kong, probablemente resulte beneficioso para aquellas empresas españolas que operen en la ex colonia británica.

¿Y qué hay de los suizos?

España y Suiza firmaron recientemente un protocolo que incorporaba el efectivo intercambio de información fiscal. Sin embargo, es preciso que la confederación helvética lo incluya en su normativa interna para que surta plenos efectos. Estamos ante un proceso largo que, según la propia Agencia Tributaria, si el intercambio ya estuviera en vigor le habría permitido acceder  de forma oficial a los datos de los contribuyentes que estaban siendo investigados.

Andorra, el paraíso más cercano

Andorra y España firmaron el 14 de enero de 2010 un acuerdo para el intercambio de información en materia fiscal que ponía fin al secreto bancario del Principado consecuencia del compromiso de Andorra de adaptar su legislación a los estándares actuales de la OCDE en materia de intercambio de información.

Dicho acuerdo no implica que la hacienda española tenga acceso a la información de todos los contribuyentes españoles con cuentas en Andorra; sin embargo en caso de existir indicios de fraude fiscal, la banca andorrana deberá facilitar la información que le sea requerida por la Agencia Tributaria.

Paradojas de la vida, ¿España, paraíso fiscal?

Hace relativamente poco tiempo tuve la ocasión de leer en la prensa el siguiente titular: “la mayor empresa del mundo utiliza España como paraíso fiscal”. Más allá del innegable atractivo del titular, el artículo en cuestión favorece en gran medida la reflexión sobre los paraísos fiscales y las circunstancias que los rodean.

La empresa objeto de comentario, a través de sus numerosas filiales en el mundo estructuró su presencia en España mediante una ETVE (entidad de tenencia de valores extranjeros), régimen fiscal plenamente lícito y extremadamente ventajoso que responde a la voluntad del legislador de evitar las fugas de inversiones que estaba sufriendo España en el momento de la creación de dicho régimen fiscal.

El supuesto al que hago referencia no es un caso aislado sino que la mayor parte de las grandes multinacionales, en su afán de optimizar sus resultados globales, recurren a la planificación fiscal y a la economía de opción como elemento imprescindible de su política financiera global.

España con el régimen de las ETVE pero a su vez Irlanda, Luxemburgo u Holanda con la fiscalidad de los intangibles, de las operaciones de financiación y de las holding respectivamente no son más que consecuencia de la natural (que no siempre racional) globalización del mercado mundial.

Son los mismos países “ricos” quienes durante años han calificado como paraísos fiscales a territorios caribeños e islas con más empresas que casas quienes hacen aquello que tanto poco les gustaba ver que otros hicieran. Nos hallamos, a mi entender, ante un bien ejemplo de hipocresía fiscal.

Por supuesto que es lícito ahorrar impuestos, evidentemente hay que planificar de manera eficiente las operaciones de las empresas, eso está fuera de duda; lo que es poco menos que paradójico es que algunos “paraísos fiscales” estén más cerca de nosotros de lo que podría parecer a simple vista.

Normativa: Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio.

En la Jornada Informativa relativa a la Reforma Laboral impartida el pasado día 12 de marzo de 2012 por BCN Consultors en el Hotel Gallery de Barcelona, se hizo un exhaustivo análisis sobre el punto de vista más práctico y la incidencia de la nueva legislación sobre las relaciones laborales, aprovechando el gran volumen de asistentes para lanzar un mensaje de prudencia sobre la interpretación, alcance y aplicación del nuevo marco normativo laboral.

De hecho el mensaje de cautela y prudencia emitido por los especialistas que integran la firma se ha visto que es plenamente coincidente con el propagado por los más importantes y relevantes asesores laborales del que se han hecho eco diversas publicaciones periodísticas.

Adjuntamos el enlace a un artículo relacionado a la Reforma laboral aquí.

Adjuntamos el enlace a un artículo relacionado a la Reforma laboral aquí.

El pasado lunes 12 de marzo de 2012, BCN Consultors organizó una Jornada Informativa en el Hotel Gallery de Barcelona, sobre la Reforma Laboral 2012, y que fue ofrecida por los Directores de las Áreas Laboral y RR.HH. y Económica de nuestra firma.

A continuación, encontrará toda la Jornada dividida en los siguientes capítulos:

1. Presentación

2. Ponencia de Jaume Molist

3. Ponencia de Dani Miró

4. Ponencia de Jordi Majoral

5. Coloquio

6. Clausura

1. Presentación

2. Ponencia de Jaume Molist

3. Ponencia de Dani Miró

4. Ponencia de Jordi Majoral

5. Coloquio

6. Clausura

En aquellos supuestos en que la empresa opte por solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de los tributos, resulta de gran utilidad conocer de antemano cuáles son los criterios aceptados por la administración tributaria a los efectos de evitar cuantas implicaciones se derivan de la denegación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de deudas.

En concreto, el primero de los criterios es el importe a aplazar o fraccionar: El valor de referencia del importe máximo a aplazar o fraccionar el importe efectivamente ingresado por el solicitante por las obligaciones tributarias corrientes del ejercicio anterior.

En segundo lugar, los períodos máximos de aplazamiento concedidos:

-        Declaraciones de IVA: hasta 24 meses con periodicidad mensual.

-        Retenciones: hasta 24 meses con periodicidad mensual.

-        Pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades: Hasta la fecha de presentación de la declaración final.

-        Impuesto sobre Sociedades: hasta 24 meses con periodicidad mensual.

-        Declaración de IRPF: hasta 24 meses con periodicidad mensual.

En cuanto a la transitoriedad de las dificultades económico-financieras del contribuyente, la Agencia Tributaria la interpreta en los siguientes términos:

-        Persona física que no lleva contabilidad: Analizar la renta disponible a través de sus cobros y pagos y las declaraciones de renta.

-        Persona jurídica o empresario o profesional que debe llevar contabilidad:

Distinguimos 3 casos:

     * Si la solicitud es posterior en más de 3 meses a la fecha de cierre de las cuentas anuales, se pedirán estados financieros intermedios certificados.

     * Se analizará el estado de flujos de efectivo con proyecciones mensuales.

     * La evaluación de la situación económica-financiera se hará mediante los siguientes ratios:

• Ratio de garantía. Si se <1; la empresa no puede afrontar las deudas
• Ratio de solvencia. Interesa que sea> 1,5.
• Ratio de solvencia. Interesa que sea superior al anterior y que esté entre 2,5 y 1.
• Ratio de tesorería. En la industria el valor normal es cercano al 0,6 y en el comercio al 1.
• Independencia financiera. Entre 0,6 y 0,8.

En conclusión, merece la pena asegurarse o consultar a un experto antes de solicitar el aplazamiento o el fraccionamiento de deudas con la Agencia Tributaria.

Se han hecho ya innumerables valoraciones del alcance que para las relaciones laborales puede tener el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, pero sin duda las que más han abundado son aquellas que hacen referencia a los elementos que en mayor medida afectan a la facilidad para destruir empleo, como pueden ser: la reducción del importe de la indemnización máxima por despido improcedente, la supresión de los salarios de tramitación, la posibilidad de efectuar despidos objetivos sobre la base de la reducción persistente de ventas o ingresos durante tres trimestres consecutivos, la eliminación de la autorización administrativa para los ERES, entre otros aspectos.

Sin embargo, para huir de los tópicos, consideramos que más allá de los aspectos destructivos antes enumerados, la reforma laboral también ha apostado por promover la generalización de la negociación colectiva en unidades más pequeñas que se ajusten más a la realidad de las empresas en detrimento de las unidades de negociación clásicas o más elevadas y en consecuencia desconectadas en muchos casos de la realidad concreta de las empresas, favoreciendo que se puedan efectuar auténticos trajes a medida en materia de relaciones laborales en que el papel de los Directores de Recursos Humanos, Abogados y otros profesionales pase a ser cada vez más decisivo porque la realidad depende cada vez menos de lo que digan las normas heterónomas y más de los acuerdos o convenios suscritos entre las partes.

Puede acceder al artículo completo aquí